Tanto el Ayuntamiento de Monterrey como la Secretaría de Educación Pública rompieron leyes de protección de datos personales al implementar el programa “Regio Card”, así lo indicó Sergio Moncayo González, quien funge como presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

Ambas instituciones deberán acatar las sanciones a las que se hicieron acreedores, después de realizar un programa basado en información de menores de edad sin el consentimiento de los padres. El error estuvo en la Secretaría al entregar la información que se supone ser privada y protegida y del Ayuntamiento al no solicitar autorización a los padres de familia.

El presidente de la Comisión señaló que “se violentó el consentimiento, la información previa, la finalidad, la licitud, la confidencialidad y la seguridad, por lo tanto se presume que sí hay irregularidades”. Los responsables ya han recibido la notificación correspondiente para que cumplan con sus obligaciones después de lo acontecido, además de que cuentan con cinco días hábiles para entregar un informe que responda a los cuestionamientos relacionados con el caso.

La sanción se desconoce hasta el momento, pues se dará a conocer hasta que se conozcan los resultados de la investigación del caso.